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Noticia Panal

Más allá del género: Se busca reconocer la violencia étnico-racial contra mujeres en Hidalgo

Las estadísticas suelen ocultar rostros, pero las realidades comunitarias los desvelan con crudeza. En un esfuerzo legislativo por visibilizar y combatir de raíz las múltiples capas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y afromexicanas, se ha presentado una propuesta en el Poder Legislativo local. La diputada Claudia Luna, integrante del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, sometió a la consideración del Pleno una iniciativa de decreto orientada a robustecer los mecanismos de protección jurídica, con un enfoque que entiende que la vulnerabilidad no responde a una sola causa.

La propuesta plantea la adición de la fracción XI Sexies al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Esta modificación introduce formalmente la figura de la "violencia étnica-racial", definida como toda acción u omisión que vulnere, limite o anule la dignidad e integridad física, psicológica, económica o cultural de las mujeres debido a su identidad cultural, origen o características raciales. En Hidalgo, donde la población que habla alguna lengua indígena representa el 12.3% del total regional —con una presencia predominantemente femenina—, la ausencia de una tipificación específica dejaba en la sombra agresiones sistemáticas que van desde el trato diferenciado en instituciones hasta la exclusión de servicios públicos elementales.

La legisladora expuso que el 67.6% de las mujeres indígenas en el país ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida, una problemática que se agrava con el hecho de que casi una tercera parte de la población originaria manifiesta haber sido discriminada recientemente por sus costumbres, vestimenta o habla. Esta iniciativa cubre un vacío normativo de vital importancia, convirtiendo los principios generales de interculturalidad e interseccionalidad en mandatos operativos y obligatorios para todas las autoridades del estado.

Con la aprobación de esta reforma, el Estado de Hidalgo se posicionará al frente de la agenda jurídica al obligar el diseño de protocolos de atención diferenciados y culturalmente adecuados, la creación de registros estadísticos desagregados para comprender mejor la problemática, y la implementación de capacitaciones obligatorias para servidores públicos en materia de perspectiva étnico-racial. Al erradicar los estereotipos racistas e institucionales, se garantiza a las mujeres de las comunidades originarias un verdadero acceso a la justicia, una reparación integral del daño y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.