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Cuando la negligencia o mala atención de una autoridad municipal afecta el patrimonio de las personas, la ley exige que el daño sea reparado. Bajo esa premisa, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó este día un acuerdo económico que exhorta de manera formal a los 84 ayuntamientos de la entidad a prever de forma obligatoria los fondos financieros necesarios para cumplir con las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que la ley otorga a la ciudadanía.
Esta medida fue impulsada en la máxima tribuna por la diputada Claudia Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), quien formalizó la propuesta el pasado 30 de septiembre. La legisladora argumentó que las fallas de los servicios públicos o la actuación administrativa irregular de los gobiernos locales no deben costar a las familias hidalguenses, por lo que resulta indispensable dotar de herramientas operativas a los municipios para hacer valer la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Con la aprobación definitiva de este exhorto, el Poder Legislativo local da un paso firme hacia la consolidación del derecho a la buena administración pública reconocido en el artículo 3 de la Constitución de Hidalgo. El acuerdo establece además que las municipalidades deberán contemplar aquellos pagos adeudados o no liquidados en años anteriores, garantizando que el resarcimiento a los afectados sea oportuno, legal y sin pretextos operativos.